Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha expresado su escepticismo respecto a la reciente creación de una empresa pública de vivienda en España. Aunque ha dado la bienvenida a esta iniciativa, Díaz considera que no será suficiente para reducir los precios del alquiler.
En declaraciones a la prensa durante su llegada al Consejo de Empleo de la Unión Europea en Bruselas, Díaz afirmó: «La noticia es bienvenida, es una forma de gestión. Está bien, por tanto, que diseñemos las estrategias colectivas como país, desde lo público, en materia de vivienda, pero esto no sirve para bajar hoy el precio de vivienda».
El anuncio de la creación de esta empresa fue realizado por el presidente Pedro Sánchez durante la clausura del 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Sin embargo, Díaz ha señalado a las once comunidades gobernadas por el PP como responsables de mantener los elevados precios de los alquileres debido a su falta de aplicación de la ley estatal de vivienda.
Además, Díaz ha propuesto retirar los «fondos públicos que perciben» estas comunidades si continúan sin cumplir con la normativa. «Es importante que España se dote de una agencia pública de vivienda, pero es más importante cumplir con el mandato constitucional y la Constitución española dice que no se puede especular con la vivienda», añadió.
Regulación de los precios del alquiler de temporada
La vicepresidenta también ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo actúe «de manera inmediata» en la regulación de los mercados «de temporada y de alquiler», sectores que, según ella, están contribuyendo al aumento de los precios de la vivienda.
Díaz lamentó que el Partido Socialista haya votado en contra de elevar al 21% el IVA a estas viviendas, una reforma fiscal que considera crucial para regular los precios. «Para bajar el precio hay que actuar de manera inmediata, como se hace en otros países, impidiendo la compraventa de viviendas que sean destinadas a la especulación», insistió.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha ofrecido una perspectiva diferente, asegurando que la nueva empresa pública de vivienda servirá para «combatir» a aquellas comunidades que no cumplen con la ley de vivienda. Según Rodríguez, esta empresa es «un instrumento más» que se suma a la ley de vivienda y tendrá «mucha importancia» para asegurar su cumplimiento.
Rodríguez explicó que se fortalecerán algunos instrumentos a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para dotar de «más esfuerzos» al cumplimiento de la ley de vivienda y al compromiso del Gobierno con la ciudadanía.
Intervención decidida en el mercado de la vivienda
Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abogado por una «intervención decidida» en el mercado de la vivienda. Bustinduy ha señalado que el Gobierno defenderá ante la Comisión Europea la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la vivienda como derecho fundamental.
Bustinduy ha argumentado que es necesario intervenir el mercado de la vivienda en España, calificándolo de «rentista y especulativo». Ha propuesto «topar los precios de los alquileres», «prohibir la compra especulativa de vivienda» y «desmantelar modelos de negocios basados en prácticas ilegales o abusivas».
Finalmente, Bustinduy ha enfatizado la importancia de construir un parque de vivienda pública que responda a las necesidades actuales de muchos países europeos, incluyendo España.
