Documentos evidencian préstamos relacionados con posibles operaciones de blanqueo vinculadas a altos cargos venezolanos, autorizados con el conocimiento del Estado.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), encargada de gestionar el rescate de empresas estratégicas durante la pandemia, aprobó y tuvo conocimiento de pagos realizados por Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con fondos públicos destinados a esta ayuda. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que estos préstamos podrían estar vinculados a actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales de altos funcionarios venezolanos.
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De acuerdo con los documentos, Plus Ultra informó a la Sepi sobre préstamos por un total de 1,3 millones de euros suscritos entre 2020 y 2021 con compañías pertenecientes al empresario neerlandés Simon Leendert Verhoeven, quien está siendo investigado por las fiscalías de Suiza y Francia por presuntamente liderar una red de lavado de dinero relacionada con Venezuela. Los contratos incluían pagos a través de Valerian Corporation Limited, una empresa ubicada en Gibraltar, por 450.000 euros; estos préstamos tenían un interés del 9% y una comisión del 2%, y su ejecución estaba condicionada a la recepción del rescate público.
Julio Martínez Sola, actual presidente y principal accionista español en ese periodo de Plus Ultra, justificó la contratación de estos préstamos debido a la demora en la tramitación de la ayuda por parte de la Sepi. Por su parte, la Sepi reservó su derecho a no proporcionar comentarios oficiales sobre estos créditos, basándose en motivos de confidencialidad.
El rescate, finalmente aprobado por el Gobierno en marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros y fue empleado, entre otros objetivos, para saldar los préstamos bajo investigación, incluyendo uno concedido por Panacorp, un banco panameño vinculado a los accionistas venezolanos de la aerolínea.
Desde Plus Ultra sostienen que estos préstamos fueron transparentes y comunicados a las autoridades estatales, y que Martínez Sola no tenía relación personal con Verhoeven, siendo este contacto facilitado por Rodolfo Reyes, el principal accionista venezolano de la compañía en ese momento.
Esta situación pone de manifiesto un posible uso inadecuado de fondos públicos y genera dudas sobre el control durante los procesos de rescate de empresas estratégicas en plena pandemia, periodo en que el Gobierno ha reforzado su postura contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.
