El sistema Verifactu, creado para certificar facturas electrónicas y reducir el fraude fiscal, enfrenta problemas de confianza tras su reciente aplazamiento y reportes de fallos técnicos y falta de preparación. Muchas pymes y autónomos alertan sobre una “brecha digital” y una gestión improvisada, mientras los plazos se extienden hasta 2027.
El modelo Verifactu, impulsado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) bajo el Real Decreto 1007/2023, busca sustituir la facturación convencional por un sistema digital que asegure la trazabilidad, integridad y autenticidad de todas las facturas emitidas por profesionales y empresas.
Sin embargo, lo que se planteó como un avance hacia una mayor transparencia fiscal se ha convertido en un motivo de inquietud y rechazo para muchos negocios.
En primer lugar, los plazos previstos han cambiado: la entrada en vigor, inicialmente programada para 2026, se ha pospuesto. Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán aplicar Verifactu desde enero de 2027, mientras que autónomos y microempresas lo harán a partir de julio de ese mismo año.
Esta demora ha suscitado opiniones divididas; algunos consideran que la prórroga era imprescindible debido a las deficiencias en la preparación, mientras otros la interpretan como un signo de falta de planificación por parte de la administración.
Las desigualdades que generan incertidumbre
Informes recientes indican que un porcentaje elevado de autónomos y pymes aún no cuentan con la infraestructura necesaria para adaptarse: muchos siguen manejando procesos manuales y carecen de software homologado para facturación.
Para estas entidades, la transición implica adquirir nuevos sistemas, capacitarse en su uso, modificar procesos contables y afrontar costes adicionales. Se critica la ausencia de un periodo de adaptación adecuado, así como la insuficiencia de ayudas y una comunicación deficiente.
Asimismo, se destaca una brecha digital existente: pequeñas empresas y autónomos con recursos tecnológicos limitados se sienten especialmente desfavorecidos. La impresión generalizada es que el sistema favorece a las grandes compañías, dejando en dificultad a los más pequeños. La normativa, creada para combatir el fraude fiscal, termina imponiendo una carga extra a quienes menos capacidad tienen para ajustarse.
Transparencia fiscal versus carga administrativa
Los defensores de Verifactu aseguran que este mecanismo impulsa la transparencia, previene la economía sumergida, promueve una facturación ordenada y fiable y contribuye a la modernización económica.
No obstante, para numerosas pymes y autónomos, el coste económico, técnico y burocrático resulta superior a los beneficios inmediatos. Las posibles sanciones por incumplimiento son elevadas y la falta de claridad en su aplicación genera desconfianza.
El aplazamiento: un respiro necesario o la muestra de una administración débil
Para algunos sectores, la extensión de plazos hasta 2027 ofrece la oportunidad de prepararse mejor, organizarse y evitar errores. Para otros, representa una admisión implícita de que Verifactu no estaba suficientemente desarrollado, que la AEAT subestimó la complejidad del proyecto y que el cambio fue precipitado.
Este retraso ha provocado tensiones internas en la AEAT: técnicos involucrados en el desarrollo expresan frustración y quienes confiaban en los plazos originales se sienten afectados.
Verifactu requiere un enfoque más realista para no perjudicar al tejido productivo pequeño
El propósito de Verifactu es legítimo: modernizar la facturación, luchar contra el fraude y alinear España con estándares europeos. Sin embargo, su implementación actual, marcada por retrasos, presión administrativa y exigencias técnicas, puede perjudicar a autónomos y pymes, generar desigualdades y disminuir la confianza.
Si no se acompaña de un plan coherente con recursos de apoyo, formación accesible y plazos adecuados, Verifactu no sólo resultará complicado de cumplir, sino que podría desincentivar la iniciativa emprendedora y minar la confianza en las instituciones.
La digitalización de la facturación no debe convertirse en una carga excesiva para quienes disponen de menos recursos.
