El Ejecutivo español inicia el trámite administrativo para eliminar cuatro organizaciones que promovían o ensalzaban el régimen franquista, conforme a la Ley de Memoria Democrática.
El Ministerio de Cultura ha comunicado el arranque de las gestiones iniciales para proceder a la extinción de cuatro fundaciones vinculadas al franquismo, que incluyen la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
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El ministro ha indicado que esta acción se fundamenta en que dichas fundaciones “no cumplen con fines de interés general” y podrían estar infringiendo los preceptos de la Ley de Memoria Democrática que abordan la apología del franquismo, el desprecio hacia las víctimas y la exaltación de la dictadura.
¿En qué consiste el procedimiento para extinguirlas?
El proceso se desarrolla en tres etapas:
- Actuaciones previas: el Ministerio recoge informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para examinar la actividad de la fundación y recopilar documentos que fundamenten la apertura del expediente.
- Periodo de alegaciones: tras notificar la iniciación del procedimiento, la fundación podrá presentar sus argumentos y defensa.
- Resolución judicial: después del informe de la Abogacía General del Estado, el caso se dirige a la autoridad judicial para que se pronuncie sobre la extinción si procede.
Las entidades afectadas recibirán notificaciones oficiales y dispondrán de un plazo para responder a las acusaciones. Este trámite ya se había comenzado con la Fundación Nacional Francisco Franco y ahora se extiende a estas cuatro fundaciones.
¿Por qué estas fundaciones han sido seleccionadas?
El Gobierno explica que estas organizaciones presentan en sus actividades o estatutos elementos que podrían contravenir la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática, dado que incluyen homenajes al franquismo, ensalzan a figuras del régimen o carecen de un claro objetivo de interés general. Su funcionamiento bajo estas condiciones justifica su posible extinción conforme a la normativa vigente.
Contexto político y relevancia
Esta medida se anuncia pocos días antes del 50.º aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, lo que añade un significado simbólico. Para el ministro de Cultura, representa un avance relevante en la protección de la memoria democrática, la aclaración histórica y la reparación de las víctimas del franquismo.
La decisión ha provocado distintas reacciones políticas: mientras los grupos que respaldan la ley la consideran un paso necesario, los partidos que representan corrientes ideológicas vinculadas al franquismo afirman que vigilarán el desarrollo legal del proceso.
¿Qué implicaciones tendrá este procedimiento?
A corto plazo, las fundaciones involucradas deben facilitar información, justificar su actividad y modificar sus estatutos o documentos según las indicaciones del Ministerio. Si el juez finalmente ordena la extinción, los activos y archivos podrían quedar a disposición del Estado o destinarse a una fundación sin ánimo de lucro que promueva el interés general, en concordancia con la ley.
En el ámbito de la memoria histórica y la cultura democrática, esta iniciativa subraya que las administraciones públicas no deben respaldar ni permitir entidades cuyo fin pueda atentar contra la dignidad de las víctimas, la verdad histórica o los valores democráticos.
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