La magistrada responsable de la investigación sobre la gestión del temporal de lluvias conocido como la dana, ha requerido a la Generalitat Valenciana información detallada acerca de las medidas adoptadas para avisar a los usuarios del servicio de teleasistencia frente al riesgo inminente.
Dicha solicitud se produce tras la difusión de grabaciones que muestran las llamadas de auxilio de algunos de los 37 usuarios de teleasistencia que fallecieron en las inundaciones del 29 de octubre de 2024. En estos audios, se escuchan las solicitudes de ayuda de estas personas, atrapadas y sin apoyo mientras los servicios de emergencia estaban saturados.
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La jueza Nuria Ruiz, encargada del caso, ha centrado su investigación en estos hechos y en la protección de los usuarios de teleasistencia. Desde septiembre, ha solicitado colaboración a diversas entidades, incluyendo Les Corts, la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, así como a los ayuntamientos de Valencia y la Diputación Provincial.
Entre los datos requeridos está la lista de las personas beneficiarias del servicio de teleasistencia que perdieron la vida a consecuencia de las riadas, un recordatorio de las víctimas de aquella trágica jornada.
Aparte de la información relativa a las víctimas, la jueza ha demandado los documentos que recogen los protocolos de actuación destinados a garantizar la seguridad de los usuarios. Esto incluye las instrucciones enviadas a la empresa encargada del servicio y cualquier medida preventiva que debió ponerse en marcha los días 28 y 29 de octubre.
Asimismo, ha solicitado las grabaciones de las llamadas realizadas por los usuarios en busca de ayuda. Entre estos testimonios destaca el de una mujer mayor que, mientras el agua empezaba a entrar en su domicilio, expresó a la operadora: «Estoy muy asustada, me está entrando agua en casa». Estas grabaciones reflejan la incertidumbre y el peligro que vivieron durante la emergencia.
Los audios revelan que los operadores intentaron en varias ocasiones contactar con el 112 y las autoridades correspondientes sin éxito, lo que genera dudas sobre la eficacia de los servicios de emergencia en ese periodo crítico. Esta circunstancia ha motivado que la jueza investigue si se cumplieron los protocolos establecidos y si se emitieron las alertas necesarias para proteger a los colectivos vulnerables.
La jueza ha destacado la necesidad de esclarecer todas las circunstancias vinculadas a la tragedia para determinar las responsabilidades. Varias instituciones están siendo examinadas y se espera que la información facilitada ayude a responder las dudas de la sociedad sobre la efectividad de los sistemas de alerta y respuesta en emergencias en la Comunidad Valenciana.
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