El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, destacó ayer la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad sobre los menores migrantes no acompañados, debido a la saturación que sufren los centros de acogida en la comunidad. Señaló que las comunidades autónomas carecen de infraestructura y recursos económicos para atender a estos menores, por lo que esta competencia debería estar en manos del Estado.
En su intervención ante la Sociedad Cervantina de Madrid, López Miras aclaró que, pese a su propuesta de recentralizar esta competencia, Murcia continuará cumpliendo la normativa vigente acogiendo a los menores que sean derivados desde Canarias. Esta postura podría generar tensiones con Vox, que ha manifestado que no apoyará los Presupuestos de 2026 si se mantiene dicha acogida.
El presidente murciano también expresó su crítica hacia lo que considera una alianza estratégica entre PSOE y Vox en la Asamblea regional: «Existe una colaboración sistemática entre PSOE y Vox que en determinadas ocasiones afecta al PP. De 150 iniciativas debatidas en esta legislatura, 56 han sido votadas conjuntamente por ambos partidos, es decir, más de un tercio», indicó, mencionando incluso contactos en Cieza para articular una moción de censura contra el PP.
En materia migratoria, López Miras abogó por priorizar la llegada de personas que puedan integrarse en el mercado laboral y manifestó su rechazo al intercambio de menores a cambio de apoyos parlamentarios. «Para residir en España es fundamental integrarse, trabajar y contribuir productivamente al entorno», afirmó.
En cuanto a economía e infraestructuras, destacó que Murcia sigue siendo la comunidad con peor financiación en España y subrayó la relevancia del trasvase Tajo-Segura para la economía regional. Advirtió que una reducción del 50 % del trasvase en 2027 podría poner en peligro miles de empleos y millones en Producto Interior Bruto.
Respecto a inversiones, López Miras valoró positivamente la decisión reciente de la empresa Repsol de invertir 300 millones en una planta de hidrógeno verde en Cartagena, proyecto que generará 900 puestos de trabajo. Además, presentó su plan de vivienda, que contempla la construcción de 25.000 viviendas asequibles en un plazo de cinco años, junto con incentivos destinados a la rehabilitación de viviendas ya existentes.
Para concluir, alertó sobre la situación institucional del país, señalando fallos en 35 pulseras de control contra la violencia de género en Murcia y enfatizando que «no puede existir una democracia sólida si no se respetan las instituciones».
