Relaciones familiares, políticas y profesionales del juez Peinado y de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid plantean incertidumbres en torno a la imparcialidad del proceso
El juez Juan Carlos Peinado resolvió este lunes imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, junto a su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, bajo la acusación de presunta malversación de fondos públicos. La denuncia se fundamenta en la sospecha de que Álvarez, empleada del Ejecutivo, pudo haber destinado recursos oficiales a iniciativas académicas relacionadas con Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Esta decisión, que ha generado una considerable atención política y mediática, se sustenta en un auto anterior de la Audiencia Provincial de Madrid que autorizó la investigación y planteó la posibilidad de que la Presidencia del Gobierno funcionara como una “estructura institucionalizada de poder” para la desviación de fondos. No obstante, más allá de la fase de instrucción, la atención se ha centrado en los lazos personales y políticos de los jueces implicados, varios de los cuales mantienen estrechas vinculaciones con el Partido Popular.
La Sección 23, un tribunal con conexiones familiares ligadas al PP
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de revisar las decisiones de Peinado, se encuentra en el centro del debate. Entre sus miembros sobresale el magistrado Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, cuyo hermano, Juan Antonio Gómez-Angulo, desempeñó cargos relevantes en los gobiernos de José María Aznar, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid y presidió el Consejo Superior de Deportes. Amigo cercano de Aznar y Ana Botella, ocupó la primera tenencia de alcaldía durante la gestión de la exalcaldesa.
La siguiente generación mantiene vínculos con el PP. Paula Gómez-Angulo, hija de Juan Antonio y sobrina del magistrado, actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Madrid y participó en el comité organizador del congreso que proclamó a Alberto Núñez Feijóo como líder nacional del partido.
Completan la Sección 23 María del Rosario Esteban Meilán y Enrique Jesús Bergés de Ramón, ambos considerados magistrados próximos al ámbito conservador de la carrera judicial. En octubre pasado, este tribunal presentó una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Amnistía para el procés, un acto interpretado como un desafío al Ejecutivo.
Además, la presidenta de la sala, Esteban Meilán, está casada con el magistrado Eduardo Jiménez-Clavería, reconocido por emitir sentencias conservadoras en temas de violencia de género.
El magistrado Peinado y su entorno
El juez instructor, Juan Carlos Peinado, también mantiene vínculos con el Partido Popular. Al inicio de su carrera profesional ejerció como abogado en Ávila junto a Ángel Acebes, ministro del Interior durante el mandato de Aznar, y Sebastián González Vázquez, exdiputado, exsenador y tesorero nacional del PP durante la gestión de Pablo Casado. Con González conserva una relación de parentesco.
El entorno cercano de Peinado refleja una orientación política similar: su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, uno de los principales bastiones populares de la Comunidad de Madrid. A nivel institucional, Peinado ha estado vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada de tendencia conservadora, y en 2024 fue incluido entre los candidatos propuestos por el PP para integrar el Consejo General del Poder Judicial.
Controversia política: ¿independencia judicial o uso político del sistema legal?
Estos nexos familiares y políticos han suscitado cuestionamientos sobre la imparcialidad con que se desarrolla la investigación. Desde el ámbito gubernamental se denuncia un patrón de “lawfare”, entendido como el empleo del sistema judicial con fines políticos contra adversarios.
Por su parte, la oposición sostiene que las indagaciones deben continuar y subraya que “la ley es igual para todos”, enfatizando que la imputación de la esposa del presidente se fundamenta en criterios jurídicos estrictos.
