Ceuta – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ha emitido dos sentencias favorables a la antigua academia ProCeuta —actualmente Instituto Internacional de Alta Formación— al validar los diplomas que emitía, en el contexto de la controversia generada por los cursos de formación que, según la UCRIF, ciudadanos extranjeros habrían empleado de forma fraudulenta para obtener la residencia por arraigo.
Este fallo judicial representa un revés para la Delegación del Gobierno, la Oficina de Extranjería y el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), que durante meses han rechazado renovaciones de residencia y anulado tarjetas, argumentando que dichos cursos no contaban con autorización.
En un caso reciente, el tribunal anuló una resolución administrativa y otorgó la residencia por arraigo para formación durante dos años a un alumno marroquí que completó el curso de Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales. El fallo indica que la documentación presentada prueba que la academia estaba debidamente autorizada, por lo que el diploma constituye prueba suficiente de la superación del curso.
Un litigio que ya supera un año
La investigación se inició en abril, cuando la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) detuvo a varios empleados de la academia, señalándolos por ofrecer cursos falsos o sin autorización que los extranjeros utilizaban, previo pago, para obtener la residencia.
Desde entonces, el asunto ha evolucionado en dos ámbitos: la vía penal, donde el antiguo equipo directivo enfrenta cargos de falsedad documental y organización criminal; y la vía contencioso-administrativa, donde ya hay sentencias favorables al centro. Daniel López Ruiz, abogado defensor, espera que los cinco procedimientos pendientes sigan esta línea.
Posibles compensaciones económicas
El reconocimiento judicial de la validez de los diplomas podría implicar responsabilidades patrimoniales para la Administración. En caso de que las sentencias sean definitivas, el Estado podría tener que indemnizar a quienes perdieron su residencia, derechos laborales o sufrieron daños económicos por las denegaciones. López destaca que no se juzga delito, sino la reparación de un error grave.
En varios casos, las resoluciones de Extranjería impidieron la entrada a España de alumnos españoles que se encontraban fuera del territorio antes de que la denegación fuera definitiva y sin contar con asistencia legal.
Conflicto con el Ministerio de Educación
La disputa también involucra a la delegación del Ministerio de Educación en Ceuta, cuyos responsables testificaron en mayo debido a una querella presentada por el antiguo propietario de ProCeuta. Aunque la causa penal fue archivada provisionalmente, las sentencias recientes han impulsado la solicitud de reapertura del caso, anticipando nuevas etapas en este conflicto jurídico.
Hasta ahora, dos sentencias han rechazado la postura oficial que argumentaba que los cursos carecían de autorización, poniendo en cuestión la posición de la Administración y reavivando un debate legal, administrativo y político respecto a la gestión del arraigo para la formación en Ceuta.
