El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta un desgaste político considerable, según indicaron sus propios aliados tras las recientes reuniones en La Moncloa. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, describió al jefe del Ejecutivo como «muy afectado y preocupado», y fue precisamente Rufián quien planteó con mayor firmeza dudas sobre la continuidad del actual Gobierno de coalición.
En la sesión de control de este miércoles, Rufián lanzó un ultimátum: «Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE», le reclamó al presidente, advirtiendo que si se confirma una financiación irregular similar a la del caso popular, ERC retirará su respaldo y solicitará elecciones anticipadas junto a Podemos. «Que sea la gente quien decida», concluyó.
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En una conversación privada posterior en Moncloa, Rufián cuestionó si el escándalo «termina aquí» o si aún hay información relevante por salir a la luz. Sánchez respondió con un «sí» categórico y negó rotundamente la existencia de financiación ilegal del PSOE. Según fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, el presidente atribuyó el escándalo a «dos personas que le han traicionado» y manifestó su disgusto: «Es una situación complicada».
La tensión aumentó cuando Rufián exigió públicamente la supresión de los aforamientos para diputados, senadores, ministros y el propio presidente. Esta petición formaba parte de las tres condiciones para que ERC mantuviera su apoyo: transparencia absoluta, sanciones estrictas para las empresas corruptoras y el fin de privilegios judiciales.
Sánchez rechazó esta condición de manera tajante. De acuerdo con las mismas fuentes, el presidente solicitó expresamente a Rufián que desistiera de insistir en ese punto, argumentando que «los necesita» en el actual contexto de «ofensiva judicial» contra su entorno familiar. Cabe resaltar que ni su esposa, Begoña Gómez, ni su hermano, David Sánchez, cuentan con aforamiento, aunque este último podría verse beneficiado indirectamente por el aforamiento del presidente del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Desde que su esposa fue imputada hace un año, Moncloa ha intensificado su discurso crítico hacia el poder judicial y los medios, acusando a determinados sectores de practicar lawfare para intentar derribar al Gobierno. A pesar del archivo de las querellas contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso, el Ejecutivo sostiene que existe una campaña institucional de persecución que no cesará hasta tratar de imputar al propio presidente.
